Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que establece un cambio paradigmático en el abordaje de la temática, llevándolo a un plano basado en la inclusión y la garantía de derechos y libertades.
Santa Fe se encamina hacia una nueva Ley de Discapacidad, a instancias del proyecto presentado por el diputado socialista Eduardo Di Pollina, que contempla un importante giro en el abordaje de esta temática, proponiendo la inclusión social como eje fundamental, ajustándolo a las normas internacionales.
El proyecto aprobado en la Cámara baja potencia el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad de las personas, basándose en los principios de independencia, no discriminación, accesibilidad universal, adaptabilidad al entorno, diálogo civil, entre otros.
Asimismo, propone que el Estado provincial asegure y garantice el pleno ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación. Y lo compromete a adoptar medidas inmediatas y efectivas para generar conciencia social sobre el respeto de sus libertades y su dignidad.
El Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ya ha manifestado el atraso de la Argentina en cuanto a su legislación. La normativa vigente (tanto la Ley nacional Nº 22.431 como la Ley provincial Nº 9.325) lleva atada la concepción del llamado “modelo médico de rehabilitación”, centralizando el problema en la persona discapacitada. Este enfoque apunta a que mientras mejor sea el funcionamiento de los sentidos, del intelecto y del sistema motriz, más derechos y ciudadanía adquiere la persona. Eso implica que la cura o la superación de las discapacidades son las que condicionan el acceso a determinados derechos.
Ahora, la evolución del concepto de discapacidad ha cambiado de perspectiva. Después de un largo tiempo de lucha y con el respaldo de instituciones que velan por sus derechos, esta concepción requiere de un nuevo enfoque: el “modelo social de la discapacidad”, contemplando la problemática tanto en el plano de la salud como en la educación, el desarrollo económico, social y cultural.
“Las personas con discapacidad continúan siendo víctimas de diversas discriminaciones, por motivos de raza, sexo, opinión política, ect. Incluso consideramos la cuestión de género, ya que mujeres y niñas con discapacidad son un factor de riesgo aún mayor, sufriendo abusos, violencia, abandono y explotación” detalló Di Pollina. “Por eso, el modelo social que proponemos se funda en los derechos humanos fundamentales de respeto por la dignidad humana, la libertad y la igualdad”.