Los proyectos ya fueron ingresados a la Cámara de Diputadas y Diputados. Buscan aportar herramientas para frenar la violencia que padecen los santafesinos y santafesinas. “Necesitamos acordar políticas de Estado en materia de seguridad que trasciendan a los gobiernos”, afirmaron.
El bloque de diputadas y diputados del Partido Socialista presentaron un paquete de proyectos de Ley que buscan aportar herramientas y actualizar normas para hacer frente a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, en especial a la ciudad de Rosario, con el objetivo de aportar soluciones a una problemática que se viene complejizando día a día. Las iniciativas se dieron a conocer mediante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Clara García, Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Esteban Lenci, Claudia Balagué, Erica Hynes y Rosana Bellatti, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías.
“Presentamos un conjunto de iniciativas que conllevan marcos legales y acciones de gobierno indispensables para implementar en el poco tiempo que queda de esta gestión, pero que creemos ayudarán a abordar la situación, trascendiendo a los gobiernos”, sostuvo Clara García, y agregó: “Con responsabilidad como actual oposición, y lejos de basarnos en frases vacías o en eslogan sin contenido, venimos a proponer leyes para la seguridad, para la justicia, para la relación con los municipios y comunas, para el abordaje social, para la economía del delito”.
“No es fácil gobernar, a veces por desconocimiento, a veces por irresponsabilidad. En primer lugar, le pedimos al gobernador (Omar Perotti) que invierta los 15.000 millones de presupuesto que tiene para seguridad en 2022, del que solo lleva ejecutados 600 a Mayo, según los escasos informes publicados. Pero, además, hemos tenido tres cambios de ministro de Gobierno, tres de ministro de Seguridad, cinco cambios de jefe del Servicio Penitenciario y 10 del jefe de Policía en Rosario; eso denota la falta de un plan, de una línea de conducción, de una política de Estado en materia de seguridad”, cuestionó García.
“Tenemos una violencia que viene de hace años, pero en la gestión anterior habíamos avanzado en tres frentes: la justicia penal, que hoy padece la falta de designación de jueces y fiscales; el control político de la Policía, con mucha inversión en formación y equipamiento; y la cuestión social con el Plan Abre, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar. Toda esa contención había logrado bajar los niveles de violencia. Hoy los homicidios en Rosario ya superaron la mayor cifra máxima anual”, argumentó.
“También vemos una actitud muy poco exigente con el gobierno nacional. No existe una mesa de inteligencia criminal para los delitos complejos; faltan jueces, fiscales y fuerzas de seguridad federales, así como lugares de reclusión y controles especiales para los presos de alto perfil. Creíamos que al ser dos gobiernos del mismo signo íbamos a ver algún avance, pero hasta ahora Santa Fe sigue postergada”, sostuvo.
Cattalini, por su parte, coincidió en que “la situación que se vive en la provincia todos y los días convoca a todos a diseñar de manera urgente una nueva política de seguridad pública y ciudadana. Estamos convencidos de que una buena política de seguridad se lleva adelante con la Policía, pero para ello hay que reconocer a los buenos agentes controlar a los que ejercen malamente su función. De todas formas, con la Policía no alcanza si no tenemos una política social, si no modificamos el sistema penitenciario, si no abordamos el lavado de activos, es decir, una política multiagencial sin la cual es muy difícil lograr resultados. Por eso estamos presentando, entre otras iniciativas, una que crea un sistema de seguridad por todos los actores involucrados”, explicó la legisladora, quien también hizo foco en la necesidad de control: “Proponemos un sistema externo que controle, investigue y sanciones las malas conductas de lo policías, que también sirva para detectar patrones e introducir mejoras”.
Farías, en tanto, remarcó que las iniciativas presentadas “buscan dar respuesta a una situación muy grave que se da después de dos años y diez meses de la gestión de Perotti. Por eso tenemos que pensar en cómo llevar adelante el tema seguridad hacia adelante y eso va a requerir de consensos que nos permitan delinear una verdadera política de Estado. Por eso es importante abordarlo antes de que se inicien las campañas electorales. Es una crisis que no se puede enfrentar desde un solo partido político o desde la acción aislada de un gobierno. Por eso hacemos nuestro aporte para conformar una base sobre la cual comenzar a definir esas políticas”.
Blanco, a su vez, mencionó las idas y vueltas del gobierno en cuanto a los proyectos de ley en materia de seguridad e instó a “construir un marco serio de políticas que tengan continuidad en el tiempo. Estas son las herramientas que propone el socialismo”.
Uno de los proyectos propone crear la Agencia de Prevención y Reducción de Violencias. Al respecto, Lenci remarcó que es una “herramienta que posibilitaría disminuir esos índices, como se vio desde el año 2013 al 2019, con la implementación de programas sociales y la convocatoria de los gobiernos locales, el MPA y otros organismos. Esto se abandonó y hoy vemos como los barrios más vulnerables vuelven a sufrir los más altos niveles de violencia. Por eso presentamos estos proyectos para trazar un camino que pueda sostenerse en el tiempo”.
Balagué, en tanto, afirmó que “una política de seguridad no puede estar alejada de la política social” e hizo hicapié en la necesidad de proteger a la primera infancia: “Es fundamental contar con un sistema de cuidados y enseñanza para que los niños y niñas no se conviertan en víctimas de la crisis de violencia e inseguridad que estamos atravesando”.
Además de las diputadas y diputados del bloque Socialista presentes en la conferencia, las siete iniciativas cuentan con el acompañamiento del resto de sus integrantes: Lorena Ulieldín, Gisel Mahmud, María Laura Corgniali, José León Garibay, Nicolás Aimar y Pablo Pinotti.
LOS PROYECTOS
1. Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana
Establece los principios rectores sobre cómo será el trabajo coordinado de todos los actores, públicos y privados de la provincia -fuerzas de seguridad, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Servicio Público de la Defensa, justicia federal, gobierno nacional, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil- para abordar la violencia y los conflictos sociales.
“La provincia debe tener una ley donde quede plasmado el marco y los principios generales de la seguridad democrática en manos del poder político y el Poder Ejecutivo que tendrá la obligación de coordinar con los otros poderes del Estado”, manifestó Cattalini.
El proyecto, además, formaliza por ley el funcionamiento de la Junta Provincial de Seguridad y propone la creación de la Agencia Provincial para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego.
2. Control disciplinario de las fuerzas de seguridad
“Proponemos una ley que tipifica las faltas policiales de manera diferente. Hoy no hay incentivos para el personal policial pero tampoco funcionan los mecanismos de control. Las sanciones o destituciones a policías estarían, de aprobarse esta ley, a cargo de un tribunal de conducta compuesto por el MPA, el Poder Ejecutivo, universidades, y legisladores. Y se crearán también dos órganos nuevos, uno para la investigación de los hechos y otro para la defensa policial”, expresó la legisladora socialista.
La externalidad del control disciplinario tiene por objetivo instituir un mecanismo democrático, autónomo, transparente y eficaz mediante la prevención, investigación, y eventual sanción de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias serán conocidas, investigadas y juzgadas, y los delitos cometidos serán debidamente identificados y denunciados a la justicia.
3. Modernización y reforma del Servicio Penitenciario
La ley vigente es de 1978. El proyecto crea una comisión bicameral que funcionará por 180 días y una vez terminado ese plazo elevará al Poder Ejecutivo un informe final de carácter público con propuestas estratégicas para la mejora integral de este servicio público. La comisión tendrá entre sus objetivos, además, establecer lineamientos para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y nuevos estándares para el monitoreo y evaluación del servicio, así como también promover acciones de prevención y lucha contra la corrupción en los funcionarios públicos.
“Es necesario repensar el Sistema Penitenciario, por eso proponemos crear una comisión Bicameral para el estudio y análisis de la situación. La comisión tendrá facultades de generar nuevas normas y armar sistema de información propia en el ámbito del servicio penitenciario que permitan prever y evitar delitos que se originan desde las cárceles”, dijo Cattalini.
4. Centro de Análisis de Información Penitenciaria
El nuevo organismo brindará herramientas para la gestión de políticas penitenciarias. Centralizará material informativo estratégico con el objetivo de prevenir situaciones que afecten a la seguridad interna y pública. Entre sus funciones, deberá detectar a reclusos, visitas ó personal interno que planeen involucrarse o esté involucrado en situaciones delictivas. Evaluará a los internos según representen riesgo de fuga, de pertenencia a algún grupo de crimen organizado, o que dirijan actividades delictivas dentro del establecimiento, para adecuar el nivel de seguridad donde deben ser alojados.
5. Agencia de Prevención y Reducción de Violencias
Tendrá rango de secretaría de Estado, con personería jurídica propia, autarquía administrativa y financiera. Buscará generar un nuevo rol gubernamental que, en forma sistematizada y permanente, realice un análisis y seguimiento de las problemáticas relacionadas a las violencias en cada territorio priorizado; genere e implemente políticas públicas tendientes a prevenir y/o a disminuir los distintos tipos de violencias; y articule programas y acciones con los diferentes órganos y estamentos estatales, y de la sociedad civil.
6. Registración de Contratos de Fideicomiso
Busca garantizar el seguimiento estatal suficiente a este tipo de negocios, así como de los capitales que lo componen, y los sujetos que interactúan y los constituyen. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, busca corregir el vacío legal que hoy existe para la generación de patrimonios provenientes de actividades ilícitas, desde capitales no declarados hasta aquellos derivados de estructuras criminales.
7. Sistema Provincial para el Cuidado y la Educación en las Infancias (SIPCEI)
Este proyecto constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada al cuidado, la educación temprana y la educación obligatoria de niñas y niños desde los 45 días hasta los 7 años de edad. Entre sus objetivos está garantizar la integración plena de todos los niños y niñas en el sistema educativo; promover el aprendizaje y desarrollo de los mismos como sujetos de derecho y partícipes activos/as de un proceso de formación integral junto a las familias y la comunidad; atender a cada niño o niña en su singularidad e identidad, respetando la diversidad cultural y territorial; diseñar y planificar estrategias participativas de intervención pedagógica, y acuerdos institucionales para la flexibilización en la organización del tiempo didáctico, los tiempos y formas de la evaluación.