Con el proyecto de ley de Educación Ambiental Integral que la diputada socialista Claudia Balagué ingresó esta semana en la legislatura provincial, se busca la adhesión a la ley nacional recientemente aprobada, con una impronta santafesina que interpela el modelo de producción y consumo, integra saberes científicos a los de las comunidades campesinas, originarias o de mujeres, y habilita prácticas territoriales y diseño de iniciativas institucionales.
“La Educación Ambiental Integral es un proceso de formación permanente, transversal, interdisciplinario e intercultural que desarrolla estrategias pedagógicas para la construcción de conocimientos, saberes, valores, experiencias y prácticas respetuosas de los derechos humanos y ambientales; para la interpelación del modelo económico y social vigente; la concientización, compromiso y protección de toda forma de vida, cuidado y no alteración ni mercantilización de los ecosistemas y su biodiversidad; y la transformación de las condiciones socioambientales por una vida digna”, expresa el texto del proyecto.
“La educación tiene el gran desafío de contribuir a la modificación del actual modelo extractivista de los bienes comunes naturales que reproduce las desigualdades sociales”, expresó Balagué. “Pero no resulta justo ni razonable que la responsabilidad de ese cambio recaiga sólo en la educación, ni en los niños, niñas y jóvenes -agregó-, sino que el esfuerzo transformador de la educación debe ir acompañado de un Estado que controle el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, que profundice los marcos legales en las temáticas más relevantes y garantice por todos los medios el cumplimiento efectivo de los derechos ambientales y la calidad de vida de la población”.
En este sentido, continuó Balagué: “Hoy es urgente el tratamiento de la Ley De Humedales, el Cumplimiento de la Ley de Bosques y Glaciares, fomentar las prácticas agroecológicas, la regulación y control del uso de agrotóxicos, frenar la megaminería, en suma, generar una nueva trama en la relación sociedad, naturaleza y modelos de económicos, políticos y sociales, y este proyecto de ley de Educación Ambiental Integral que proponemos es una herramienta para consolidar la idea de que los sistemas e instituciones educativas representan uno de los territorios estratégicos por donde comenzar a construir otra historia posible”.
Esta ley crea en el Ministerio de Educación el Programa de Educación Ambiental Integral, que regula contenidos y didácticas en todos los niveles y modalidades, de gestión pública, privada y social, habilita nuevas terminalidades en la educación secundaria y técnica, prácticas profesionales y la creación de una red de escuelas que estudien y diseñen proyectos de intervención para resolver los problemas ambientales de sus territorios.
Además la ley crea el Centro de Educación Agroecológica como “organismo especializado y referencia directa que desarrolla propuestas pedagógicas y de investigación – acción sobre los procesos y problemáticas de los agroecosistemas rurales y urbanos, con eje en la agroecología para la soberanía alimentaria y promoción de la economía social y solidaria”, así como el Consejo Provincial de Educación Ambiental Integral y el Parlamento Ambiental Estudiantil, para la participación, organización y deliberación de estudiantes en la defensa y protección del ambiente reconociendo sus saberes y prácticas socioambientales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad que promuevan iniciativas locales, regionales y provinciales, incluso articuladas con los gobiernos locales y la legislatura provincial.