El diputado provincial del partido Socialista se expresó sobre la ley de Necesidad Pública presentada por el ejecutivo y explicó la propuesta del Frente Progresista.
El diputado provincial Pablo Pinotti (FPCyS) le pidió al Poder Ejecutivo provincial que “dejen de inventar excusas y avancen, gestionen y gobiernen de una buena vez. Perdimos seis meses de transición sin poder avanzar siquiera en el diálogo. Ya pasaron tres meses de gobierno y aún no vemos el rumbo”.
Al referirse al proyecto de ley de Emergencia presentado por el Poder Ejecutivo -hoy rebautizado de necesidad pública- que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, Pinotti destacó: “vamos a analizarla y discutirla, pero no ha cambiado sustancialmente el espíritu del proyecto enviado en diciembre” y continuó: “da la sensación que en realidad al Gobernador no le interesa que se apruebe, ya que no recogió lo dialogado en los últimos meses con las distintas fuerzas políticas. Es la gran excusa con la que justifican esta falta gestión y rumbo. Siempre quieren echar las culpas al pasado. Primero hablaron de emergencia, ahora de necesidad pública, pero lo importante es que lo que quieren es poder endeudar la provincia por 600 millones de dólares para cubrir gastos corrientes, no para obra pública”.
Con respecto a la posibilidad de que la ley sea fundamental para avanzar debido a la deuda que dejó el gobierno del Frente Progresista, el legislador respondió concretamente: Santa Fe es una de las provincias argentinas con menos niveles de deuda del país, la deuda significa alrededor del 1 % del presupuesto aprobado por ambas cámaras para este año. Es decir, no incide para decir estamos en emergencia. Por eso, pensar en un endeudamiento tan grande para gastos corrientes sería no sólo innecesario sino perjudicial para los santafesinos. Que quede en claro que frenar una provincia no es positivo”. A esto agregó: “pedimos que arranquen. Nos sumergieron a una realidad extraña donde todo está supeditado a la discusión de una ley.
Y recordó que “desde el Gobierno hablan de un déficit de 8, 10 y hasta 40 mil millones de pesos. No se ponen de acuerdo. Estamos esperando el dictamen de la Auditoría General de la Nación que solicitaron desde el mismo gobierno provincial”.
Reconocido por las mismas empresas y los representantes de los trabajadores, los últimos certificados de obras de Vialidad Provincial se pagaron en octubre. “No se justifica el parate de la obra pública en Santa Fe. Esto afecta, directamente a 5.000 puestos de trabajo”, explicó Pinotti.
Días atrás, el gobernador firmó el decreto 135/2020, a través del cual se dispone la revisión de las deudas con los proveedores del Estado hasta el último día del año pasado. A tres meses de gestión, Perotti dispuso la cesación de pagos y la posibilidad de revisar cada una de las deudas. Así, el Estado a través de un complicado mecanismo administrativo podría ofrecer una reprogramación de la cancelación que contempla plazos hasta de varios años.
Al respecto, Pinotti advirtió: “No creemos en los decretos como el que pretende negociar con proveedores como si fuera un concurso de acreedores. Esto es, que se les diga el monto y la forma de pago. Queremos garantizar la seguridad jurídica: esto puede convertirse en una puerta abierta para juicios que deberemos pagar todos los santafesinos”.
LA PROPUESTA DEL FRENTE
El dictamen por minoría presentado por los senadores del Frente Progresista preveía la posibilidad que la Provincia pueda endeudarse para gastos corrientes por 22 mil millones de pesos. Con esto, se podría atender la deuda con las empresas contratistas, con los municipios y comunas y preveía también fondos que solicitaba el Ejecutivo: fondo alimentario, salud y seguridad.
La propuesta no incluía tres cuestiones fundamentales. La primera son las facultades extraordinarias al Ejecutivo. En relación a esto “no hay motivos para que eso ocurra” resaltó Pinotti. La segunda tiene que ver con una figura que existía durante los años 90: los ejecutores fiscales. Esto es, la posibilidad que estudios jurídicos o contables puedan ejecutar bienes a familias santafesinas por deudas con el Estado. La tercera cuestión es la posibilidad de que una norma pueda ser modificada por un decreto.