La diputada Erica Hynes, con el apoyo de sus pares del Frente Progresista y otros bloques, presentó un protocolo para prevenir y sancionar situaciones de violencia y discriminación basadas en el sexo, género, orientación sexual o identidad de género en el ámbito de la Cámara de Diputados.
La legisladora Erica Hynes, junto a diputadas del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) y otros bloques, presentó un proyecto de resolución para crear un protocolo para la prevención y atención de situaciones de violencia y discriminación basadas en el sexo, género, orientación sexual o identidad de género que ocurran en el ámbito de la Cámara de Diputados.
El proyectó ingresó un día después del quinto aniversario del movimiento Ni Una Menos, durante la sesión realizada en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.
“Estamos dando un paso muy grande para garantizar que la Cámara de Diputados sea un ámbito libre de violencia”, indicó Hynes. “Este protocolo está en línea con la legislación nacional e internacional en la materia, tiene un articulado muy exhaustivo, que incluye la violencia en todas sus formas: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, y también incluye a toda conducta, acción o comentario que tenga connotación sexista y afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad psicológica o la seguridad personal”.
“Una vez que se apruebe será una herramienta de protección integral de los derechos de las mujeres y diversidades y ayudará a sensibilizar en materia de igualdad de género, no solo en el ámbito de la cámara sino de otras instituciones”, agregó.
Alcance y funcionamiento
El protocolo se aplicará a todas las personas que integran la Cámara de Diputados de Santa Fe, incluso las que presten servicios de manera ocasional y tendrá alcance sobre hechos ocurridos en las dependencias de la Cámara o los que hayan ocurrido fuera de ese espacio, pero en el ejercicio de funciones vinculadas a las tareas legislativas, incluyendo a través de medios electrónicos o virtuales.
Para la recepción de las consultas y denuncias, la resolución prevé la creación de una comisión especial, cuya integración será dispuesta por el presidente de la Cámara, que tendrá la función recibir los aportes de testigos, emitir opinión no vinculante acerca del curso a seguir en cada expediente, y elevar las actuaciones a la Presidencia.
“Como destacamos en los fundamentos, no solo hace falta visibilizar las acciones que lesionan los derechos de las personas, sino que hay que contar con herramientas ágiles y eficaces para frenarlas, algo que esperamos lograr con esta resolución”, concluyó Hynes.