La diputada pidió que la Provincia abone a las empresas de transporte las transferencias que marca la Ley N°13.462, cuya finalidad es el sostenimiento económico del servicio.
Días atrás, la diputada del bloque Socialistas del FPCyS, Clara García, pidió al Poder Ejecutivo que informe por qué se interrumpió el pago del Fondo Compensador del Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros Ley N°13.462 a las empresas beneficiarias. El último mes abonado corresponde a la recaudación del Impuesto a los Sellos de septiembre 2019, y se abonó en diciembre de ese año. La presentación también solicita la inmediata regularización, más aún ante la crisis económica que el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó al sector del transporte.
“Hoy, en el contexto de crisis económica que atraviesa nuestro país, agravado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, las empresas de transporte han visto reducidos sus pasajes considerablemente, con lo cual resulta apremiante poder aminorar las consecuencias negativas que vive el sector, cumpliendo con los compromisos asumidos por la provincia en relación al Fondo Compensador, más allá de otros recursos del Tesoro que pudiera realizar”, argumentó la legisladora en el pedido de informes.
El Fondo Compensador del Transporte Automotor Urbano e Interurbano de Pasajeros de la provincia de Santa Fe fue creado en 2014 mediante Ley N°13.462 con el objeto de equilibrar económicamente al sistema cuando éste lo requiera, garantizando la normal prestación del servicio en el territorio provincial.
Tiene como finalidad aportar al sostenimiento económico del transporte urbano de pasajeros y del transporte de media y larga distancia en la provincia de Santa Fe, se conforma por el 5% de la recaudación del Impuesto a los Sellos y se distribuye en relación a la cantidad de unidades en servicio de cada empresa.
Los pagos correspondientes a dicho Fondo Compensador del año 2019 sólo fueron cumplimentados hasta el período septiembre, abonado en el mes de diciembre. Desde entonces no han sido percibidos por las empresas de transporte, sin que se haya recibido explicación formal sobre el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.