El proyecto de ley establece la protección de los bienes comunes naturales y su diversidad biológica que en los últimos cinco años se hayan visto perjudicados por la quema de pastizales.

La diputada socialista Claudia Balagué ingresó un proyecto de ley que dispone la declaración de “Zonas de reparación ambiental” a todas aquellas regiones que hayan sufrido daño ambiental por incendios durante los últimos 5 años  y donde se haya producido una alteración relevante que modifique negativamente el ambiente.

El proyecto prevé que, mediante esta declaración, se prohiban modificaciones de uso y destino que estas superficies tenían con anterioridad a los incendios, y que se impidan los loteos para emprendimiento inmobiliario o desarrollo urbano, actividad agrícola y ganadera, y toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal por el término de 30 años.

“Actualmente, el territorio santafesino -al igual que el de otras muchas provincias argentinas- está siendo intencionalmente devastado por las llamas, provocando no sólo la contaminación del aire puro, sino distorsionando los ecosistemas y vulnerando la flora y fauna local”, destacó Balagué. “Este desastre ecológico, conducido por el accionar humano, habla a las claras de la necesidad de establecer herramientas normativas que permitan extinguir las quemas y reparar los daños”, agregó.

De convertirse en ley, este proyecto prevé la creación de un Registro de Zonas de Reparación ambiental” para el monitoreo, control e implementación de un plan integral de reparación de sus ecosistemas, en el que además del Estado provincial, participen idóneos de las universidades públicas y de organizaciones de promoción y protección socioambiental.

También establece la responsabilidad Estatal de anoticiar y acompañar documental al Ministerio Público de la Acusación para llevar adelante las acciones judiciales contra los infractores para el resarcimiento del daño ambiental, quienes deberán asumir los costos de sus acciones, teniendo en cuenta el interés público y en consonancia con el principio “quien contamina paga”, de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

“El patrimonio natural de los santafesinos debe ser resguardado de los intereses extractivistas, que van en detrimento del ambiente y, consecuentemente, de la salud de las personas, de la flora y de la fauna que habitan el territorio provincial”, concluyó la diputada.

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